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Vén la solución en el traspaso de la gestión de la perrera al ayuntamiento a partir del 1 de enero de este año?
Tres grupos ecologistas, a juicio por visitar la perrera de O Carballiño
Fueron acusados de entrar sin permiso después de que hallasen 76 canes muertosVarios ecologistas, de los colectivos Amigos da Terra, Adega y Matar por matar Non, serán juzgados mañana en O Carballiño por entrar en la perrera municipal de la localidad. José Ángel Hermida, trabajador de la concejalía de Medio Ambiente que dirige la socialista María Xosé Pérez, presentó la denuncia a raíz de lo ocurrido el pasado 3 de marzo, día en que los acusados visitaron las instalaciones de la Canceira de A Medela. O al menos lo intentaron, ya que uno de los trabajadores impidió la entrada a Julio Rodríguez, de Matar por matar, Non, y a las dos integrantes de Adega que lo acompañaban, alegando que necesitaban una autorización previa. La discusión terminó con una llamada a la Guardia Civil. Sin embargo, para cuando llegaron los agentes el problema ya no estaba en la disputa, sino en la fosa que encontraron los ecologistas, llena de cuerpos de perros. Tras el hallazgo, la Guardia Civil se puso en contacto con el Servicio de Protección da Natureza (Seprona), que a su vez envió un equipo que examinó la fosa, contó los 76 perros que había en ella -que se encontraban en distintos grados de descomposición y cubiertos de cal- , redactó el informe y presentó cuatro denuncias de tipo administrativo contra la perrera. Las principales acusaciones del Seprona se centran en la inexistencia de una sala de curas, en la violación del protocolo de retirada de cadáveres, en la carencia de un libro oficial de registro en el que figuren los datos de los animales y en el hecho de que A Medela no estaba dada de alta en el Registro de Establecimientos de Animales Domésticos y Salvajes en Cautividad de Galicia. A esta lista se añaden otras dos denuncias: la presentada por Adega por maltrato animal con resultado en muerte y la interpuesta por motivo de la incursión en la perrera. "Intentan asustarnos con el juicio", afirma Julio, seguro de que la querella carece de base legal. El ecologista de Matar por matar, Non sostiene que la normativa de la perrera no recoge la necesidad de solicitar permiso antes de visitar las instalaciones y que en aquel momento no existía ningún documento oficial que le prohibiese la entrada en el recinto. El propio alcalde carballinés, Carlos Montes, confirmó el pasado mes de agosto, tras la intervención do Valedor do Pobo, que no fue hasta el día 4 de marzo que firmó una circular interna que estipula la "expulsión inmediata" de cualquier persona que visite las instalaciones sin previa autorización. En esa misma circular deniega dicho permiso a Julio Fernández debido a su "actitud desafiante y autoritaria" y a los problemas y enfrentamientos que se produjeron mientras trabajaba como voluntario en 2008 y que, de acuerdo con el documento, llevaron a varios trabajadores municipales a amenazar con "renunciar a su puesto de trabajo en el supuesto de que se presentase nuevamente en las instalaciones". La tensión entre los ecologistas y los responsables de A Medela se remonta al año pasado, cuando el colectivo al que pertenece Julio reclamó una justificación de los 250.000 euros que la Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible, por entonces bajo el mando de Manuel Vázquez- ex alcalde carballinés y marido de la concejala de Medio Ambiente de la localidad orensana-, destinó a finales de 2006 para la ampliación y reforma del recinto. Tras dos meses de obras, la perrera disponía de caniles para separar a los perros por tamaños e incorporó los módulos para cachorros y gatos y la cámara frigorífica con capacidad para 10.000 kilos. Una cámara que no se llegó a utilizar porque el edificio seguía sin electricidad, además de sin agua y sin clínica veterinaria. Las peores críticas las recibió el Grupo Ecologista Outeiro, responsable de la gestión de la perrera durante ocho años. Desde la asociación aclaran que, pese al convenio con el Ayuntamiento, nunca se encargaron de administrar el dinero. Aun así, defienden el uso que se le dio y aseguran que las carencias se deben a que la reforma debe afrontarse como "un proyecto por fases" que se concluirá más adelante. Infundadas o no, las acusaciones fueron suficientes para que los partidos de la oposición, BNG y PP, aprobasen en pleno la convocatoria de una comisión de investigación que hoy por hoy aún no se ha constituido y el traspaso de la gestión de la perrera al ayuntamiento a partir del 1 de enero de este año. La visita de los ecologistas fue, precisamente, para comprobar qué huella había dejado el cambio de manos en A Medela. Visto lo visto, probablemente se les pasó por la cabeza el viejo dicho de "más vale malo conocido que bueno por conocer". Pese a sus acusaciones contra el Grupo Outeiro -que no han sido demostradas- , Julio reconoce que el colectivo sólo sacrificaba a los animales que no se podían salvar. Apenas dos meses después de que abandonasen la perrera, se encontraron con que "de 37 jaulas llenas que había sólo quedaban 12 o 13 ocupadas, y a medias". De acuerdo con los denunciados, faltan entre 130 y 140 perros, más de los que encontró el Seprona en la fosa. El ayuntamiento justifica el uso del hoyo como una medida temporal hasta que los cuerpos pudiesen ser trasladados a una planta incineradora. El Servicio de Conservación da Biodiversidade de la Xunta critica esta decisión y señala que, de acuerdo con la normativa sanitaria, los perros deben ser almacenados en un congelador desde el momento de la muerte. "Si las instalaciones son de dominio municipal, es competencia del ayuntamiento que esto se cumpla", añaden desde la Xunta.
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